El asfalto no es progreso

La masificación urbanística en el litoral valenciano ha sido históricamente objeto de polémica. El modelo valenciano de crecimiento basado en la edificación y el turismo ha llevado a la comunidad a invertir en grandes proyectos para la costa turística e ignorar las necesidades reales de sus ciudadanos. Con la llegada del Botànic, parecía que quedaba atrás la etapa de la congestión urbanística del PP valenciano, pero de nuevo asistimos a la planificación de una obra colosal que no responde a los verdaderos intereses de los valencianos.

Así lo denuncian vecinos de la comarca de la Safor, que temen el asolamiento de 600.000 metros cuadrados de huerta histórica con el fin de construir una prolongación de la carretera CV-60 de 7,12 kilómetros, con la que a penas se ahorrarían dos minutos y cincuenta segundos de trayecto, y que tendría un coste de 66 millones de euros y un impacto ambiental irreversible. El proyecto, impulsado por la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, es una variante paralela a la actual carretera, conecta la AP-7 y la N-332 y transcurre por ocho municipios de la Safor. El PSPV la considera necesaria para descongestionar el tráfico y “vertebrar las comarcas centrales”, pero desde la plataforma en defensa de la huerta comarcal denuncian que el único motivo para aprobar el proyecto es facilitar la llegada de los turistas a la Playa de Gandía.

Los vecinos y vecinas se han organizado a través del colectivo Per L'Horta de la Safor, para manifestar su rechazo a la obra y reflejar las que son las necesidades reales de los ciudadanos de la zona, como la creación de un servicio de transporte público, recursos para el cuidado de la huerta o la disposición de canales de comercialización locales y propios para favorecer el sector primario agrícola, del que viven muchas personas en la Safor.

El proyecto se reactivó en el año 2017, pero los ayuntamientos no tuvieron constancia hasta finales de 2019 y sin ningún tipo de opción alternativa o espacio de diálogo y participación ciudadana. Los vecinos y vecinas afectados firmaron en un plazo ínfimo más de dos mil alegaciones en contra, que fueron rechazadas rotundamente por la Generalitat el pasado mes de mayo, ofuscada en seguir adelante con una obra que no está dotada siquiera de un estudio real de impacto social y ambiental.

En una situación de emergencia climática y con un transporte público inexistente que conecte los pueblos de la Safor, es incomprensible que se destine ese dinero público en una nueva carretera innecesaria y con unas consecuencias destructivas para la huerta y el sector primario. Pero, aún es más incomprensible que lo haga un gobierno que se presentó como comprometido con el ecologismo, la crisis climática y el medio ambiente, y que será recordado por la aprobación de proyectos tan impopulares como la ampliación del puerto o esta prolongación de la CV-60.

El futuro de nuestro territorio no debe estar enfocado en convertirnos en el parque de atracciones de los turistas, sino en entender que estas huertas son un medio viable para garantizar la soberanía alimentaria y no depender de importaciones inestables. Aún estamos a tiempo de proteger nuestro patrimonio natural, nuestra tierra y a la gente que la trabaja, porque si hay hambre, el asfalto y el hormigón no se comen.